La digitalización de los procesos fiscales en República Dominicana ya no es una opción: la facturación electrónica se ha convertido en un requisito obligatorio para todas las empresas, regulado por la Ley 32-23. Este cambio busca fortalecer la transparencia fiscal, modernizar la contabilidad y garantizar la seguridad jurídica en la emisión de comprobantes.

¿Qué implica la Ley 32-23?

Promulgada en mayo de 2023, la Ley 32-23 regula la emisión y validación de facturas electrónicas con la misma validez legal que las facturas en papel. Su objetivo es garantizar autenticidad, integridad y confiabilidad en los registros contables y fiscales de las empresas.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha implementado un calendario gradual de adopción: los grandes y medianos contribuyentes deben completar la certificación antes de finalizar 2025, mientras que las microempresas cuentan con un plazo extendido. Esta planificación busca facilitar la transición y asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa.

Beneficios para las empresas

• Eficiencia operativa: reduce los costos asociados a la impresión, almacenamiento y gestión de documentos físicos.

• Transparencia y control: proporciona un respaldo digital confiable ante la DGII, minimizando errores y riesgos de auditoría.

• Cumplimiento normativo: asegura que la empresa cumpla con la legislación vigente, evitando sanciones y multas.

• Seguridad jurídica: las facturas electrónicas conservan su validez legal y trazabilidad, lo que fortalece la confianza interna y externa.

Preparación y buenas prácticas

Para adaptarse correctamente a la facturación electrónica, se recomienda:

1. Evaluar el sistema contable actual: verificar la compatibilidad con los requerimientos de la DGII.

2. Capacitar al personal responsable: asegurar que conozcan los procesos de emisión, validación y almacenamiento de facturas electrónicas.

3. Planificar la implementación con tiempo: aprovechar las fases graduales de certificación para minimizar interrupciones.

4. Registrar y conservar los comprobantes: mantener un archivo digital organizado y seguro, que permita auditar la información fácilmente.

Desde Harbest acompañamos a nuestros clientes en cada etapa del proceso, combinando asesoría contable, soporte técnico y cumplimiento normativo, para garantizar una transición ordenada y confiable hacia la facturación electrónica. La adopción de este sistema representa un paso clave hacia una contabilidad más eficiente, segura y transparente. Cumplir con la Ley 32-23 no solo es una obligación legal, sino también una oportunidad para fortalecer la gestión interna y la confianza empresarial.

Fuentes:

• Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
• PwC Dominicana – Ley 32-23 de Facturación Electrónica
• Proceso.com.do – DGII extiende plazo para implementación de la factura electrónica (2025)